Es preciso recordar que gran caudal del capital
productivo residente en aquellos momentos estaba conformado por
capitales extranjeros, los cuales intentaban sortear los
designios gubernamentales (influyendo en el nivel de precios,
amenazando con retirarse del país ante una eventual
coyuntura económica desfavorable per ser). Es apropiado
tener en mente el proceso de
desindustrialización que tuvo lugar precedentemente, en
donde se benefició únicamente a los capitales
extranjeros situados dentro de las fronteras nacionales
así como a un pequeño grupo
sectorial conformado por grandes grupos
empresarios operantes económicamente a través de la
especulación financiera. Sobre esta temática
expresa Aldo Ferrer:
…no se recuperaron los equilibrios
macroeconómicos ni tampoco aflojo la puja distributiva del
ingreso liderada por el sindicalismo
peronista, el sector agroexportador y los grupos
económicos y financieros locales y extranjeros
beneficiarios de las políticas
del proceso.[1]
Dejando en claro las presiones sufridas por el gobierno nacional
en todo momento tanto de los entes sindicales como de los
sectores productivos de poder.
Continúa el autor afirmando:
Se estableció el plan alimentario
nacional [P.A.N.] para asistir a las familias
de menores ingresos y
presupuesto
incorporando una reducción de los gastos militares
y el aumento de los fondos destinados a la educación y la
salud. Respecto
de la deuda externa,
mientras se negociaba con el FMI. y con los
bancos
acreedores, se dispuso la suspensión de los pagos hasta el
30 de junio de 1984. Entre las medidas de largo plazo se
promovió un régimen más amplio de fomento a
las exportaciones.[2]
Como es posible apreciar desde las palabras de Ferrer,
el Estado
nacional adoptó -o quiso adoptar en un sentido
quizá más adecuando a lo que acaeció en el
plano de la realidad social- una serie de medidas tendientes a
lograr el desarrollo de
la macroeconomía nacional, intentando
recuperar niveles adecuados de salario real, una
leve suba impositiva como fuerte combativo del déficit
fiscal,
acompañado esto por un control general
de precios; al mismo tiempo en que
se intentaba llevar a cabo cierta modificación en la
cuantiosa deuda externa asumida como pública durante los
años de facto. Sobre este punto aclara Ferrer:
…era necesario restablecer los equilibrios
macroeconómicos, erradicar la inflación, elevar el
nivel de actividad y el empleo y
redistribuir el ingreso en un sentido progresivo para mejorar el
bienestar. Pero el logro de estos objetivos
tropezaba con un grave obstáculo: la deuda externa y la
carga de sus servicios
sobre el presupuesto y el balance de pagos.
El tema de la deuda era crucial y las alternativas
incluían la suspensión unilateral de los pagos o
fijar a los mismos un límite compatible con la estabilidad
de precios y el aumento del nivel de actividad. Lo primero
implicaba una ruptura con el FMI y los bancos acreedores.
Lo segundo, un poder negociador para establecer el límite
y enfrentar de no ser aceptada, la primera alternativa.[3]
El agotamiento en 1981, todavía durante la
dictadura
militar, de la política sustentada
en el enfoque monetario de balanza de pagos
-que instalo la valorización financiera como núcleo
central de la economía
argentina- dio lugar a una crisis
estructural en el sector externo, debido a la magnitud que
alcanzaron la deuda externa argentina.
Ante esta situación, como bien refiere Ferrer,
las alternativas a adoptar por el Ministerio eran dos: confrontar
con los acreedores externos intentando una suspensión en
el pago del monto adeudado a raíz de la declaración
de la misma como inconstitucional[4]. Ahora bien,
los mismos acreedores deberían, por su parte, reconocer
tal disposición y dejar sin efecto el monto prestado
-situación poco probable a ciencia
cierta-. El otro camino consistía en establecer un
cronograma de pagos acorde a las posibilidades del país
-teniendo en cuenta su capacidad productiva, su nivel de ingresos
y los saldos de la balanza de pagos-. Es por ello que el gobierno
radical debió iniciar gestiones con los acreedores
externos en forma inmediata, ya que el acuerdo previo se
había interrumpido pocos meses antes debido a la
impugnación política, social y finamente judicial a
los acuerdos establecidos por la dictadura
militar.
Parte de estas medidas de confrontación
utilizadas en un principio consistieron en sostener, en palabras
de Basualdo:
…que los acreedores externos eran
corresponsales del endeudamiento nacional; por ende debían
establecerse quitas en el capital y una disminución de las
tasas de
interés nominal, de forma que, en términos
reales, se equiparen a las vigentes antes de la crisis del
petróleo.[5]
Para el gobierno nacional, el conflicto en
cuestión se encontraba apuntalado en una
problemática política, la cual debía ser
analizada directamente con las entidades bancarias acreedoras,
excluyendo al Fondo Monetario
Internacional de la cuestión. Pero como explica
Eduardo Basualdo:
…la banca acreedora,
los organismos internacionales y las autoridades norteamericanas
reclamaban el acuerdo previo de FMI y que se afrontara el pago de
los intereses adecuados.[6]
A su vez, dentro de los planes de Grinspun se encontraba
el de conformar un Club de deudores quienes pudiesen
negociar en bloque con los acreedores internacionales. El fin de
este ente se centraba en obtener una mayor fortaleza al momento
de las conversaciones entabladas en torno a los
empréstitos asumidos; plan que, lamentablemente, nunca
pudo concretarse:
La idea, obviamente, fracasó. Grinspun,
años más tarde y ante sus íntimos,
culpó a Enrique Iglesias, del BID, quien se habría
encargado de llamar a sus futuros socios para abortar la
iniciativa.[7]
La situación argentina no mejoraba, a la vez que
los plazos se acotaban cada vez más -acercándose al
día de entrada en moratoria, 31 de marzo de 1984-. Ante
esta natural presión
temporal, pudo cerrarse – en palabras del autor ya citado- un
"salvataje" económico a favor de nuestro país.
Explica sus características Eduardo Basualdo:
Se trato de una acuerdo en el que cuatros
países latinoamericanos aportaban fondos (por un lado,
México y
Venezuela, con
100 millones de dólares cada uno y por otro, Brasil y Colombia, con 50
millones de dólares en cada caso), la banca extranjera 100
millones de dólares y la Argentina idéntica suma,
proveniente de sus reservas de divisas.
Al mismo tiempo, la Argentina se comprometía a
iniciar, dentro de los 30 días, negociaciones con el FMI
para concretar un eventual acuerdo.[8]
Como anteriormente fue mencionado, la posibilidad de
concretar un ente que reuniese a todos los países deudores
de Latinoamérica se vio frustrada, por lo cual
nuestro país debió iniciar las pertinentes
negociaciones por su cuenta. Dentro de este marco, la Argentina
"envió una carta de
intención unilateral al FMI"[9]
Aquella epístola fue rechazada por el eventual
organismo, debido a que -en clara contraposición a los
designios internacionales- no concordaba con los deseos de los
acreedores externos, así tampoco con los del Fondo
Monetario. Esto, junto a un nuevo salvataje realizado entre la
banca extranjera y el Estado
argentino -en pos de salvaguardar una posible entrada en mora de
la
República Argentina en cuanto al pago del monto
adeudado- tuvo un alto costo
político para el encargado de la hacienda nacional puesto
que sus premisas no habían obtenido las consecuencias
esperadas tanto por la ciudadanía argentina así como
tampoco por el Jefe de Estado.
Las críticas no se hicieron esperar ante el
eventual fracaso en las negociaciones internacionales. El
resultado de la falta de consenso interno así como la
imposibilidad de conformar un bloque negociador que incluyese a
todos los países latinoamericanos redujo las posibilidades
reales de llegar a buen puerto empleando una estrategia fuerte
como la llevada a cabo por Bernardo Grinspun.
En febrero de 1985 fue reemplazado Bernardo Grinspun en
su cargo de Ministro de Economía por Juan Sourrouille, quien tiempo
después sería el ideario del llamado Plan
Austral.
[1] Ferrer, Aldo,
La economía argentina, desde sus
orígenes hasta principios del
siglo XXI, Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires,
2008.
[2] Ídem
1.
[3] Ídem
1.
[5]
Basualdo, Eduardo, Estudios de historia económica argentina,
S. XXI, 2006, p. 221
[6]
Ídem 2.
[7]
Extraído de nota adjunta en el anexo
"Murió Grinspun, el ex ministro
de Alfonsín", Clarín,
1996.
[8]
Ídem 2
[9] Indica
Basualdo: En el trabajo de A. García y
S. Junco (1987) se reproducen algunos
párrafos de esa carta de
intención que ilustran la
concepción y los criterios de la administración
económica: "Refiriéndose a la
deuda externa se señala que la misma
"fue contraída a través de la
aplicación de una política económica
autoritaria y arbitraria, en la cual los
acreedores tuvieron una activa
participación sin beneficio alguno para
el pueblo argentina, el gran ausente en todo
este proceso…" Más adelante dice
el texto: "Es decisión del
Gobierno argentino limitar la magnitud de los
pagos a la disponibilidad de recursos que pueda obtener
mediante sus exportaciones, sin reducir sus
importaciones más
allá de lo que fuera imprescindible para
mantener el nivel de actividad compatible con
las proyecciones de crecimiento del PBI" "(pp.
44-45).
Autor:
Agustín Garrido
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